Por primera vez desde que las poblanas han salido a las calles el 8M para exigir mejores condiciones de seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha decidido no blindar su sede central durante las manifestaciones. La titular de la institución, Idamis Pastor, enfatizó que la dinámica de la Fiscalía es respetar a todas las mujeres que participarán en las marchas y reiteró que no se implementarán medidas de protección en sus instalaciones, como se ha hecho en años anteriores.
Romper los muros que nos separan
“No tenemos que blindarnos porque, como lo he dicho en otras ocasiones, somos una Fiscalía cercana a la gente”, afirmó Pastor durante una gira en la Sierra Norte, donde inauguró las ‘Casas Carmen Serdán’ en los municipios de Huauchinango y Zacatlán junto al gobernador Alejandro Armenta. Además, la fiscal pidió respeto a los contingentes que se manifestarán frente a la FGE, destacando que el derecho a la protesta debe ejercerse en un marco de respeto mutuo.
Esta medida representa un avance significativo en la relación entre las instituciones y los movimientos sociales, ya que eliminar barreras físicas en lugar de reforzarlas permite fomentar el diálogo y la construcción de acuerdos. Más allá de la ausencia de vallas y protecciones, resulta clave cuestionar qué implica realmente esta decisión y si representa un cambio sustancial en la relación entre las instituciones y los movimientos feministas.
La eliminación del blindaje en la Fiscalía de Puebla para este 8M podría interpretarse como una señal de apertura, pero sin acciones que garanticen mejoras en seguridad y justicia para las mujeres, el impacto real de esta medida sigue siendo incierto. Más que un gesto simbólico, la sociedad espera que este tipo de decisiones vayan acompañadas de compromisos concretos y mecanismos efectivos de diálogo que permitan atender de manera integral las exigencias de los colectivos feministas y la ciudadanía en general.
Con las niñas NO
En este sentido, la Fiscalía ha manifestado su compromiso al revelar su avance en la investigación de delitos contra menores de edad. Particularmente, salió a relucirel caso de Lluvia Yareni, la niña de 8 años hallada sin vida en su domicilio en Huauchinango, se han realizado detenciones y vinculado a proceso a los presuntos responsables: su madre y su padrastro. Asimismo, continúa la búsqueda de Nathalia Eileen, de 3 años, desaparecida desde el 7 de enero en Puebla capital. Recientes operativos en la colonia Reforma Sur forman parte de los esfuerzos para localizarla.
A estas medidas, se le añade la nueva Procuraduría en Defensa de Niños y Niñas, que buscará fortalecer la protección de menores en situación de vulnerabilidad y agilizar los procesos de atención a víctimas de violencia. Esta institución tendrá como objetivo brindar apoyo integral, garantizar el acceso a la justicia y reforzar las acciones de prevención en coordinación con otras dependencias gubernamentales.
Marchando juntas
La decisión de la Fiscalía de Puebla de no blindar sus instalaciones este 8M marca un cambio en la estrategia institucional y envía un mensaje de apertura al diálogo con la sociedad. Sin embargo, la comunidad seguirá atenta al desarrollo de las manifestaciones y a la respuesta gubernamental ante las demandas de justicia y seguridad que cada año resuenan con fuerza en las calles.
El derecho a la protesta es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y el 8M representa una jornada clave para visibilizar las demandas de justicia y equidad de las mujeres. La decisión de la Fiscalía de no blindar sus instalaciones podría interpretarse como un paso hacia una mayor apertura institucional, pero también plantea preguntas sobre el verdadero alcance de este gesto.
Más allá de lo simbólico, es necesario que las autoridades generen espacios efectivos de diálogo con los colectivos feministas y la ciudadanía, en los que se escuchen y atiendan sus exigencias. Solo a través de una comunicación abierta y acciones concretas se podrá construir una relación de confianza entre las instituciones públicas y la sociedad civil, en beneficio de una justicia más accesible y sensible a las necesidades de las mujeres.
