Cada día, miles de personas con discapacidad en Puebla enfrentan serias dificultades para utilizar el transporte público. Tan solo considerando, la falta de rampas, escalones altos y conductores sin capacitación son solo algunos de los obstáculos que convierten la movilidad en un reto diario. Ante esta situación, la diputada Luana Amador Vallejo ha reiterado la urgencia de avanzar hacia un sistema de transporte realmente incluyente.
Un llamado a la inclusión en la movilidad urbana
Durante la sesión de la Comisión de Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, la diputada insistió en que la próxima Revista al Transporte de Pasajeros, programada para abril, debe marcar el inicio de un plan de accesibilidad para todas las unidades. Así, en esta ocasión aprovechó para recordar que en diciembre presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transporte del Estado de Puebla con el objetivo de garantizar un servicio funcional y seguro para las personas con discapacidad.
En efecto, actualmente, fuera del sistema RUTA, ninguna otra unidad de transporte en Puebla cuenta con las condiciones necesarias para atender a este sector de la población. La legisladora advirtió que no basta con la gratuidad del servicio si los vehículos y operadores no están preparados para brindar una experiencia de viaje digna y segura.
Las modificaciones propuestas
La reforma a la Ley de Transporte plantea medidas concretas para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad. Entre ellas destacan:
- Requisitos técnicos como rampas, puertas más anchas, tableros electrónicos y sistemas sonoros para facilitar el acceso y la orientación.
- Espacios adecuados dentro de las unidades con cinturones de seguridad para sillas de ruedas y barras de apoyo.
- Capacitación obligatoria para los conductores en atención y sensibilización.
- Evaluación rigurosa de las concesiones de transporte para garantizar que cumplan con estos estándares.
El reto de la accesibilidad universal
El transporte incluyente no solo es una necesidad, sino un derecho fundamental que sigue sin ser plenamente garantizado en Puebla. La implementación de estas medidas podría significar un cambio tangible para miles de personas, pero el reto radica en su ejecución efectiva. ¿Será esta iniciativa el primer paso para una movilidad realmente accesible o quedará como una promesa más en la legislatura?
