Con el compromiso de construir una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades, el Gobierno del Estado de Puebla, liderado por Alejandro Armenta, celebró el Primer Foro Regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. La sede fue la Casa Carmen Serdán, en el municipio de Tlatlauquitepec, y congregó a representantes de organismos estatales y municipales con una causa común: fortalecer la participación política de las mujeres y promover la equidad de género en Tlatlauquitepec.
El evento, coordinado por la Secretaría de las Mujeres, reunió a voces clave como Virginia González Melgarejo, titular de la dependencia; Ruth Karina Andraca Huerta, Fiscal de Delitos Electorales; Israel Argüello Boy, presidente del Tribunal Electoral del Estado; y Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral del Estado.
Una política con rostro femenino y sin violencia
Durante las sesiones se abordaron temas urgentes como la violencia política de género, los derechos electorales y los mecanismos institucionales para garantizar entornos democráticos más seguros, equitativos y libres de discriminación. El foro también enfatizó la importancia de que las instituciones actúen de forma coordinada para prevenir, atender y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres en el ámbito político.
El gobernador Armenta reafirmó su compromiso con una transformación real y profunda: «Es tiempo de mujeres», expresó, destacando que su gabinete está conformado por mujeres con experiencia y convicción. En sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo, Puebla da pasos firmes hacia una democracia incluyente y paritaria.


La participación política también es transformación
Con iniciativas como este foro, el estado busca que más mujeres ejerzan plenamente sus derechos y formen parte activa en la toma de decisiones públicas. La Casa Carmen Serdán de Tlatlauquitepec se convierte así en un llamado de memoria histórica y también de futuro con la equidad de género.
En un país donde las mujeres continúan siendo blanco de múltiples formas de violencia y exclusión, resulta urgente reforzar políticas que garanticen su participación libre, segura y equitativa. Atender los derechos políticos de las mujeres mexicanas no solo es un acto de justicia social, sino una necesidad impostergable para construir un México verdaderamente democrático.
